Editorial

El camino que elegimos

Juan B. Monserrat

La lucha por la educación es un camino largo, su recorrido es sinuoso, los desafíos que debemos sortear son cambiantes, pero no se detienen, avanzan lento sin interrupciones.

Desde nuestra organización sindical percibimos que estamos entrando a un núcleo de prioridades y desafíos novedosos, devenidos en gran parte de la decisión política de incluir y fortalecer el derecho social de la educación.

Hoy ya no discutimos si el Estado tiene una responsabilidad y el chico un derecho. Tampoco si la educación es una inversión o un gasto. El Estado es el garante de ese derecho y debe aportar los recursos necesarios para fortalecer la escuela, porque es el lugar socialmente válido y seguro para los niños y los jóvenes.

Este núcleo de certezas genera tensiones, pues no todos piensan lo mismo, no todos tienen las mismas convicciones que nosotros tenemos, no todos comparten nuestra mirada sobre el presente y menos aún, sobre el futuro. Es en esa tensión entre lo que nosotros pensamos y por lo que luchamos y la realidad que se hace presente diariamente, que nuestras agendas se llenan de interrogantes.

Vemos que los derechos consagrados en leyes y resoluciones, en programas y asistencia financiera, no alcanzan, aún son insuficientes para lograr una educación de calidad para todos los niños y jóvenes.

Hay todavía un núcleo duro de obstáculos que están vinculados con la subjetividad, con las marcas que nos dejaron las políticas neoliberales de los 90, aquellas que naturalizaron la desigualdad y pretendieron privar a niños y jóvenes del derecho al conocimiento.

Nos reconocemos como actores principales en la resolución de las cuestiones estructurales que son imprescindibles para llevar adelante nuestro trabajo de enseñar. Con una tozudez inclaudicable, y pese a que aún nos falta mucho camino por recorrer, hemos logrado condiciones materiales y humanas para que las escuelas puedan funcionar, recuperamos la centralidad de la enseñanza y ahora hemos puesto la mirada en los estudiantes, sus culturas, sus trayectorias, su pertenencia a la escuela, para que efectivamente todos los niños y todos los jóvenes puedan permanecer y aprender.

Desde la escuela y con nuestro trabajo de enseñar, procuramos día a día promover principios de igualdad, de justicia social y educativa, y en ese transitar hacia esa meta se nos presentan nuevos desafíos que estaban invisibles, que nos hacen repensar nuestras prácticas y reflexionar sobre nuestras convicciones.

A pesar de las críticas infundadas y de la permanente deslegitimación, la escuela está cambiando, desde la organización del trabajo de los docentes, hasta el sentido de la relación con el conocimiento. Todos los días ponemos en marcha experiencias pedagógicas democráticas e inclusivas, que visibilizan nuevas experiencias novedosas y auspiciantes, pero que aún no son reconocidas por las estadísticas.

A través del trabajo que venimos desarrollando desde nuestro Instituto podemos ver estos cambios. Más compañeros se suman a la reflexión sobre las condiciones para enseñar, más compañeros repiensan sus prácticas, colocando en el centro de sus acciones las oportunidades y derechos de todos los estudiantes.

En una sociedad que demanda resultados inmediatos, y donde existe una marcada atención por las malas noticias, observamos cambios importantes, cuyos resultados difícilmente se verán de forma inmediata, porque el proceso de inclusión educativa es mucho más complejo que la sola enunciación.

Tal vez sea en la educación en donde se da cita el deseo por la igualdad y la hipocresía de la desigualdad, en donde se enuncia un modelo de sociedad y se actúa en sentido contrario, donde la palabra se enfrenta a la realidad. En esa contradicción entre lo que somos y lo que deseamos ser, está la escuela, está nuestro trabajo, ese andar y desandar incansable de construir y deconstruir lo real y lo imaginario de lo que somos capaces colectivamente.

Sostenemos que la educación debe formar parte de políticas de Estado cimentadas en amplios consensos sociales, puesto que la defensa de la Escuela Pública y la responsabilidad del Estado siguen siendo dos ejes irrenunciables.

Nuestra experiencia histórica nos enseña que ninguna conquista es eterna. Siempre habrá expresiones que pretenden imponer un Estado mínimo, una escuela pobre, el conocimiento para algunos, la universidad para pocos, la exclusión como algo “natural” e irreversible, privilegiar lo individual por sobre lo colectivo. No faltará quien aún siga pensando que es mejor la escuela privada que la educación pública. De todo eso tenemos memoria.

Por eso es que seguimos, desde el Instituto de Investigación y Capacitación, trabajando en estos nuevos desafíos. En este número de la revista educar en Córdoba hemos querido exponer parte de este debate, para reconocer lo que hemos avanzado y ser conscientes de lo que aún nos falta hacer. Consolidar lo logrado y avanzar hacia la Justicia Social es el modo en como concebimos la docencia, como valoramos nuestro trabajo de enseñar y como continuamos la lucha por la defensa de la escuela pública.

educar en Córdoba | no 31 | Junio 2015 | Año XI | ISSN 2346-9439
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