Las perspectivas para la educación durante 2015 no pueden ser analizadas al margen del clima y el debate electoral. Esta circunstancia puede ser propicia para abrir la discusión en el máximo nivel o, al contrario, puede provocar una nueva frustración al constatar, como lo fue en ocasiones anteriores, que la educación no ocupa un lugar importante en la agenda de los líderes políticos nacionales.

El punto de partida de estas reflexiones es reconocer los logros e identificar las limitaciones de las políticas de la última década. Por un lado, disponemos de un marco legal que goza de legitimidad en la sociedad y garantiza la provisión de recursos financieros básicos para la educación. La experiencia de esta década, sin embargo, deja dos aprendizajes fundamentales: (I) El 6% del PBI no es suficiente para lograr en plazos acelerados los objetivos que se definen en las leyes de educación, y (II) aumentar los recursos financieros no implica automáticamente mejorar la calidad y la equidad del servicio educativo.

Para que el aumento de los recursos financieros provoque mejoras en la calidad y la equidad será necesario provocar cambios en los patrones institucionales y culturales que dominan el funcionamiento del sistema educativo. Ambas dimensiones (la cultural y la institucional) están íntimamente articuladas y colocan en el centro de la discusión el desafío de introducir mayores niveles de responsabilidad por los resultados en la gestión educativa.

La tentación de muchos funcionarios consiste en creer que la responsabilidad por los resultados aumenta si se introducen sistemas de evaluación. Medir los resultados de los alumnos y evaluar a los docentes son las respuestas habituales. Sin embargo, la experiencia nacional e internacional indica que medir no mejora la calidad, de la misma manera que el termómetro no cura la enfermedad. Solo nos da un indicador del diagnóstico.

Mejorar la calidad y aumentar la responsabilidad por los resultados supone, además de financiamiento e instrumentos de medición, discutir qué, quién y cómo se enseña. En pocas palabras, introducir la pedagogía en la agenda de discusión.

¿Qué se enseña?

No pretendo abarcar en este corto espacio la complejidad de la discusión acerca de los contenidos de la educación en sus diferentes niveles. Solo quisiera señalar la importancia de colocar la prioridad en la enseñanza y el aprendizaje de las alfabetizaciones básicas que exige el desempeño ciudadano en nuestra sociedad. Por un lado, es absolutamente necesario que nuestros alumnos egresen de la escuela obligatoria con un dominio profundo del código de la lectoescritura. En pocas palabras, que comprendan textos escritos y que puedan expresarse a través del lenguaje. Este dominio no debe reducirse a la lengua materna (el castellano), sino que deberíamos lograr que todos nuestros estudiantes manejen una segunda lengua, como lo marca la ley.

Pero hoy no alcanza con la alfabetización en lectoescritura, sino que es necesario estar alfabetizado digital y científicamente. La alfabetización digital supone aprender no solo los aspectos mecánicos de las tecnologías de la información, sino conocer los criterios con los cuales trabajan los buscadores, las posibilidades y los riesgos de la utilización de cada uno de ellos. La alfabetización científica, a su vez, supone no solo manejar informaciones, sino dominar el método de razonamiento científico que permita el ejercicio de una ciudadanía reflexiva.

Para lograr que estos contenidos dominen el proceso de enseñanza y aprendizaje no alcanza con modificar los diseños curriculares. La experiencia argentina de las últimas décadas nos enseña que los planes de estudio llegan hasta la puerta de las escuelas. De allí para adentro, sigue sucediendo lo mismo que antes. No hay más que comparar los cuadernos y las carpetas de nuestros alumnos de hace veinte o treinta años y los actuales para comprobar lo poco que ha cambiado la enseñanza, a pesar de los cambios en los diseños curriculares. Para entrar a la escuela, es preciso actuar sobre el actor fundamental de la educación: el docente.

¿Quién enseña?

Ya se ha transformado en un lugar común sostener que ningún país tiene una educación de mejor calidad que la calidad de sus maestros. Definir una política integral para el sector docente es, sin duda alguna, el principal desafío de la política educativa. El carácter integral de dicha política es fundamental y sus componentes son, al menos, los siguientes: mejorar las condiciones de trabajo, reformar sustancialmente la formación inicial y en servicio y avanzar en la definición de la carrera docente, tal como lo establece la Ley Nacional de Educación. Con respecto a las condiciones de trabajo, el punto clave pero no el único, es el salario. Sobre este tema las variables provinciales son muy importantes y solo resta decir que es imperioso llegar a un acuerdo de mediano y largo plazo con los sindicatos docentes, para evitar que la huelga sea el mecanismo habitual para la solución de los conflictos.

La formación docente requiere cambios profundos que van desde políticas que atraigan a la docencia a jóvenes talentosos, acreditación de los Institutos de Formación Docente, incorporación de los primeros años de desempeño a la formación, diversificación de las modalidades de capacitación en servicio y una activa política de formación de formadores.

Por último, es urgente avanzar en la definición de la carrera docente en el nivel primario y secundario del sistema educativo. La ley habilita la creación de una vía de ascenso profesional que permita seguir ejerciendo la docencia y no, como sucede hoy, que la única forma de ascender es dejar el aula para pasar a ejercer funciones directivas.

¿Cómo se enseña?

Finalmente, es preciso hacerse cargo de la necesidad de modificar los estilos de enseñanza y aprendizaje, para enfrentar los desafíos cognitivos y éticos que requiere una educación que debe preparar para un mundo muy exigente, tanto desde el punto de vista del desempeño en el mercado de trabajo como del desempeño ciudadano y personal. Promover valores de adhesión a la construcción de sociedades más justas, así como preparar para el aprendizaje a lo largo de toda la vida, obliga a innovar en estrategias pedagógicas que superen tanto los métodos tradicionales, como la banalización de enfoques pretendidamente modernos, pero que no logran resultados de aprendizaje satisfactorios, particularmente en los sectores sociales más vulnerables.

Estos desafíos interpelan a los sectores dirigentes y a las administraciones gubernamentales. Sin embargo, la responsabilidad es de todos: gobierno, familia, empresarios, medios de comunicación, organizaciones no gubernamentales. Si no nos ponemos de acuerdo en qué educación queremos para nuestros hijos, difícilmente podamos construir una sociedad en la cual podamos vivir juntos.

educar en Córdoba | no 31 | Junio 2015 | Año XI | ISSN 2346-9439