La pospandemia es un enorme desafío para la humanidad. Contener las demandas de todos los actores sociales que ha dejado esta experiencia dolorosa es una tarea enorme, a la que nos debemos abocar, pero lo es principalmente para los gobernantes que tienen responsabilidades de Estado ante las y los ciudadanos.

Son tiempos complejos. La participación activa de los ciudadanos y las ciudadanas es vital para poder construir certezas sobre el presente y el futuro.

Ideas y supuestos que creíamos superados recuperan una centralidad relevante, desplazando del debate los proyectos que ponen el acento en la igualdad y la redistribución del ingreso.

Una de las grandes crisis en la que estamos sumergidas y sumergidos quienes venimos de la militancia en defensa de la escuela pública, la redistribución del ingreso y la ampliación de derechos, es que nuestra perspectiva de vivir en una democracia representativa, con más igualdad y justicia, se encuentra desdibujada.

El protagonismo que tenemos en la construcción colectiva del contrato social es nuestra prioridad. Allí se establece la función indelegable del Estado de garantizar el derecho social a la educación, y a las y los docentes el trabajo de enseñar.

Es una gran tarea la que se nos presenta por delante, para la cual es imprescindible reconocer que existen vastas franjas de la población que están excluidas y que necesitan de un Estado fuerte y eficiente, que dé cuenta de las preocupaciones colectivas, y de la necesidad de encontrar ideas comunes que nos fortalezcan como sociedad.

Nuestra agenda debe partir de preocupaciones comunes y concretas. Cualquier proyecto tiene que dar cumplimiento a los mandatos societarios, aquellos que están en la Constitución Nacional, en la Ley de Educación, en los consensos y pactos de convivencia, que se expresan en normativas que fueron votadas y aprobadas por las y los representantes ungidos por el voto popular.

Batallar con todo aquello que impide cumplir con nuestra tarea docente y satisfacer la demanda societaria de ser garantes de una educación de calidad, supone llevar adelante acciones que obliguen a quienes deben dar respuestas a este derecho prioritario, a repensar el currículum escolar, a más conectividad y nuevas tecnologías, a más recursos materiales y simbólicos.

Estamos vivenciando momentos de una profunda transición. Las preocupaciones por cuestiones como las infancias, la riqueza y -su contracara- la pobreza, la concentración de las grandes fortunas, la desigualdad y la exclusión, son temas colectivos, no individuales. La escuela, como expresión visible del Estado en la organización social, tiene el imperativo de contribuir en esos debates dentro de las comunidades, involucrándose en estas problemáticas que trascienden la defensa de los derechos laborales, salariales y previsionales de las y los trabajadores de la educación. En este escenario, es esencial resistir a la privatización, no solo de la gestión escolar, sino del debate de lo común y lo público, para que las niñas, niños, jóvenes y familias accedan a más derechos, más igualdad, más dignidad, más futuro.

Desde hace 20 años, la revista educar en Córdoba es uno de los principales el instrumentos de difusión de nuestra tarea, de nuestros aportes de ideas y propuestas concretas. Es una poderosa herramienta para el debate público, construida por nosotras y nosotros, las y los docentes organizados y que visibiliza ante la sociedad la intervención comprometida que tenemos en el trabajo de enseñar, lo valioso de este enorme esfuerzo que, día a día, realizamos en todas las escuelas de la provincia.

Nuestro trabajo, desde el Instituto de Capacitación e Investigación y otras secretarías del sindicato, es mantener un intercambio abierto para que aquello que está aconteciendo en la sociedad, no sea interpretado como un problema particular de las y los docentes, sino que sea una problemática colectiva, una preocupación de todas y todos.

Con ese mismo compromiso, hace 15 años -tras la sanción de la Ley 26.150 que impulsó la Educación Sexual Integral (ESI)- nuestro gremio tomó la decisión de que esa disposición no sea una norma vacía de contenido, fuimos parte activa de su redacción y nos apropiamos de sus dispositivos, y desde ahí, asumimos el compromiso de trabajar por su implementación efectiva. Construimos propuestas de formación para las y los compañeros, fortalecimos el trabajo de los equipos de conducción de las escuelas y acompañamos a las familias y comunidades. Podemos dar cuenta de que los derechos a una educación de calidad y leyes como la de Educación Sexual Integral, no son solo dispositivos legales, sino parte activa de realidades concretas, porque las hemos defendido, las hemos trabajado, las hemos hecho realidad.

“Construir futuro”, construir nuevos horizontes de esperanzas comunes -tal como nos lo propone el exvicepresidente de la hermana Bolivia, Álvaro García Linera-, es lo que debemos poner en marcha en forma urgente. Así lo haremos.

educar en Córdoba | no 39 | diciembre 2021 | Año XX | ISSN 2346-9439