La CTERA apoya el debate educativo propuesto por el Gobierno Nacional para sancionar una nueva Ley de Educación, en tanto significa “redefinir el modelo educativo vigente e instalado en la década de los noventa”, aseguró el Secretario General Hugo Yasky.

“Un principio que debe garantizar sí o sí esta ley es reafirmar la educación como un derecho social. El Estado Nacional y los provinciales son los garantes de ese derecho y tiene que desaparecer de esta ley toda connotación de la educación como un servicio que puede estar en manos de distintos tipos de prestadores, por ejemplo, los municipios o incluso como un servicio que puede incorporarse en los tratados de libre comercio”, indicó el dirigente sindical.

Explicó que “hay una fuerte presión de países del grupo de los 7 y de EEUU en nuestro continente que pugnan por incorporar la educación, entre otros servicios, en el capítulo del Tratado de Libre Comercio. Incorporar la educación en esos tratados sería renunciar a que la educación sea un derecho constitucional”.

“En Argentina hay consenso generalizado para que la educación sea considerada un derecho. Incluso hemos hablado con la gente del CONSUDEC y nos pusimos de acuerdo que en tanto la educación cumple un rol social, tienen que establecerse diferencias claras con la educación entendida como un rubro de lucro comercial. Las visiones mercantilistas de los 90 no pueden ni estar contenidas como una posibilidad dentro de la ley. Entendemos que si el lucro es el móvil de un emprendimiento educativo, ese servicio no puede tener subsidio estatal”, dijo Yasky.

En torno a los diez puntos de debate planteados por el Gobierno Nacional opinó que “existe un consenso inicial muy importante en cuanto a caracterizar el fracaso de las políticas que se pusieron en práctica en los 90. Esto hace que por lo menos en este tramo de la discusión no haya voces disonantes. Esto en una primera etapa explica que la mayoría de sectores coincidimos en necesidad de una nueva ley”.

Asimismo consideró que existe un contexto positivo para acordar una ley de consenso porque la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, que propone una meta de llevar al 6 por ciento del PBI la inversión educativa es una base importante de la que partir.

“La Ley Federal planteó esa misma meta, en sus artículos 60 y 61, y nunca se cumplió.

Es más: que no se haya podido aumentar el presupuesto en las provincias hizo que se generara la desigualdad que tenemos porque como cada una tuvo que inventar una partitura a la medida de los recursos con que contaba, se generaron 24 versiones distintas de reformas educativas, condicionadas, más que por la voluntad o los proyectos por los recursos con que se contaba. Esto es lo que provocó uno de los grandes problemas que ahora hay que superar: la fragmentación”.

Para Yasky hay dos temas centrales en el debate acerca de los que puede haber opiniones divergentes. Una es “la contradicción que existiría entre las autonomías de las provincias, establecidas en el federalismo como principio constitucional, y la necesidad de contar con un proyecto educativo nacional, es decir una escuela que de cuenta de objetivos, planes y proyectos como Nación”.

La CTERA está convencida de que “hay que lograr resolver el cráter que dejó una distorsionada aplicación del concepto de federalismo. No hay posibilidad de sostener un proyecto educativo sin fuerte presencia de políticas nacionales. Lo que hoy brilla por su ausencia es la presencia de un proyecto educativo nacional. Esto no significa borrar la particularidad de cada jurisdicción”.

El otro tema que puede generar “tensión” es el de la capacitación docente en servicio. “Un tema que va a generar contradicciones y disputa, tensión, es el que tiene que ver con la capacitación de los docentes en servicio, los que ya están trabajando”, dijo.

“Creemos que la Ley Federal introdujo el modelo del mercado. El docente iba a la góndola del supermercado a comprar cursos, elegía los que dieran más puntaje pero no siempre era ese el que el docente necesitaba. Se registraron casos anacrónicos de docentes haciendo cursos que no tenían nada que ver con su práctica educativa. Era para acceder a puntaje que permitiera estar más alto en la lista de los nombramientos. Pasar de ese modelo a otro en el que se premie o estimule con más salario la capacitación, como propone hoy el Ministerio, es invertir los términos dentro de la misma lógica neoliberal”, precisó.

“La CTERA entiende que la formación en servicio es una necesidad permanente de todos los docentes, tiene que ser garantizada como un derecho por parte del Estado y a la vez exigida como una obligación a los docentes”, dijo.

Y puso un ejemplo: “A mí, como padre de un alumno, no me interesa que el maestro de cuarto grado esté capacitado porque hace cursos porque quiere ganar más y el de quinto no, porque no tiene tiempo o tiene otro trabajo. Yo quiero en cuarto y en quinto docentes capacitados”, indicó.

“Lo que hay que discutir es cómo se integra el salario de los docentes. Con un buen salario y una buena carrera no es necesario que la capacitación sea paga”, señaló.

Otro tema central es la educación inicial. “Los especialistas hablan de los alcances del desarrollo de la educación inicial como un segmento del aprendizaje. Antes se creía que el chico iba al jardín a socializarse, pero hoy está claro que la educación inicial determina el fracaso o no del aprendizaje de la lectoescritura en la educación básica. Entonces, el desafío es universalizar la educación inicial, no sólo el preescolar, sino desde el maternal”.

Opinó que en educación “no hay recetas mágicas. Va a haber una nueva ley pero van a seguir los viejos problemas, que solamente se van a poder resolver con medidas concurrentes y a partir de políticas activas del Estado que garanticen que lo escrito en la ley se convierta en una política pública”.

“Si hablamos de secundario obligatorio, el Estado debe garantizar una beca obligatoria a todos los alumnos, un subsidio universal por hijo no solamente a los padres que tienen trabajo formal, si no también a los que están en negro, los que no tienen trabajo o tienen trabajo informal, porque sino las leyes están pensadas para el 30 por ciento que vive en términos de inclusión social y un 70 por ciento queda afuera de cualquier ley que hagamos”, afirmó.

Sobre la participación de los maestros y profesores de la discusión, Yasky consideró central que “estén en el centro del debate, para que se logre la construcción colectiva y plural de un proyecto de ley”.

“Vivimos la experiencia de reformas que se resolvieron de manera vertical y se aplicaron autoritariamente. Reformas que silenciaron a los docentes, que sujetaron una especie de ley de obediencia debida y fracasaron sistemáticamente. Se puede imponer autoritariamente reformas, pero no transformaciones educativas sin la participación de los docentes”, recordó.

“Sin desmerecer la participación de organizaciones sociales ni partidos políticos, es clave la participación del docente para que esta vez, se sientan protagonistas.

Si fracasamos en esto, si simbólicamente queda el mismo resabio de lo que fue la Ley Federal y se ve esto como un acto ajeno a la escuela, vamos camino a un fracaso mas allá de las mejores propuestas que se puedan hacer”, afirmó.

La CTERA propuso al Ministerio de Educación que se realice una jornada nacional de debate en las escuelas, con suspensión de clases, en julio, de la que participen maestros y estudiantes y otra en agosto o setiembre, con la presencia de los padres.