Los gremios docentes han protagonizado en gran medida los focos de resistencias a las políticas neoliberales. Los cambios en el escenario político de América Latina y el Caribe plantean la oportunidad y el desafío de redefinir políticas públicas de educación e incluso –muchas veces– la posibilidad y necesidad de reinventar las reglas de juego. Para contemplar el derecho social a la educación, para concebir propuestas educativas que garanticen mayor justicia e igualdad. Y otra vez son los sindicatos docentes quienes asumen un protagonismo indelegable en la construcción (no sólo defensa) de una educación que alcance a todos y todas.

La defensa de la educación pública durante las últimas décadas se ha concentrado en la resistencia a las transformaciones educativas que el proyecto neoliberal impulsó durante años en nuestro país y Latinoamérica. Reformas que han tenido como denominador común el achicamiento y retroceso del Estado en favor de la libertad de mercado, que es en definitiva dejar los modos de organización, distribución y equilibrio de una sociedad sujetos a los intereses y decisiones de índole económica solamente. Esta lógica, impuesta en todos los ámbitos, tuvo su traducción en lo educativo con el abandono explícito de la escuela pública, en el marco de un proceso tendiente a la privatización, descentralización y comercialización de educación pública. Como conceptualiza Hugo Yaski, presidente de la Internacional de la Educación para América Latina, el neoliberalismo apostó fuertemente a la destrucción de la educación pública porque es “el corazón de la democracia”, la herramienta de lucha que permite combatir “el principal problema de Latinoamérica y el Caribe que es la desigualdad social”.

En la adversidad de este escenario, los sindicatos docentes encarnaron un rol fundamental como colectivo de resistencia, muchas veces incluso enfrentando a gran parte de la sociedad que asumía como propio el discurso mediático (grandes canales, diarios y reconocidos periodistas), que instalaba la idea de precariedad y deficiencia de lo público frente a la maravilla de lo privado. La misma estrategia imponía un ataque rotundo a quienes levantaran las voces disonantes, docentes en primera fila. La emblemática Carpa Blanca constituyó una respuesta contundente a los embates recibidos. Una trinchera desde donde los educadores no sólo pusieron el cuerpo por mayor presupuesto educativo, sino que también plantearon la necesidad de pensar un país con mayor justicia social. No se trató de un reclamo sectorial, sino de una profunda disputa cultural donde la educación pública aparece como uno de los pilares para pensar qué tipo de país construir, disputa que continúa abierta y en movimiento.

Un golpe de timón

En los últimos diez años, los países de Latinoamérica están atravesando –con sus particularidades y ritmos propios– procesos sociales y políticos que apuestan a recuperar soberanía, para imponer una política social y económica que comience a desandar los estragos ocasionados por la implementación del neoliberalismo. Este nuevo escenario abre una gran oportunidad, a la vez que plantea enormes desafíos para el sector educativo, que son las discusiones sobre las formas de financiamiento educativo; las condiciones de ingreso, acceso y permanencia en la escuela; las políticas de formación docente; la reorganización del trabajo escolar y la construcción de un currículum justo, que introduzca como parte de la cultura escolar, temas tradicionalmente excluidos, vinculados con las desigualdades sociales, las identidades sexuales, los derechos humanos, entre otros.

Consciente de que, ante estos debates y desafíos, la educación pública ocupa un lugar central en las posibilidades de repensar una sociedad con más justicia social, inclusión y derechos, la UEPC, junto a los gremios agrupados en la Internacional de la Educación para América Latina participó, a finales de 2011, del primer encuentro “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”. Se trata, explica Juan Monserrat, de “empezar a debatir sobre nuestro rol docente en tanto ciudadanos políticos, porque como dice Paulo Freire: ‘educar es un acto político’ y como trabajadores de la educación debemos posicionarnos frente a la realidad y ser militantes a través de nuestras prácticas pedagógicas”.

El encuentro llevado a cabo en la ciudad de Bogotá (Colombia), que reunió a las organizaciones de trabajadores de la educación del continente, marcó el punto inicial de la constitución de un movimiento plural y amplio que, a pesar de las diversas realidades y experiencias, muestra un extraordinario consenso alrededor de temas tales como la política pública educativa y gestión democrática, presupuesto, formación docente, currículo incluyente, valoración del trabajo docente, la necesidad de evaluaciones no estandarizadas, entre otros. En este sentido, Juan Monserrat relata: “Los gremios que participan del movimiento llevan estrategias muy diversas en toda la región. Los compañeros chilenos, por ejemplo, tienen una rica historia en torno a la lucha por una educación pública y gratuita, y para que sea considerada como un bien público. Un debate que en ocasiones no valoramos lo suficiente debido a que se naturalizan realidades que son conquistas que significaron mucho esfuerzo y lucha de los compañeros”.

Vientos de cambio

Las conclusiones de este primer encuentro, contenidas en el documento final, destacan el rol de los gremios de la educación en las luchas de resistencia a las políticas neoliberales y subrayan el aporte que hicieron estas organizaciones en la construcción de propuestas alternativas que lograron incidir en las políticas públicas. “Eso explica que en varios de nuestros países se hayan registrado importantes avances normativos, en términos de financiamiento y responsabilización de los Estados nacionales, mejoramiento de los salarios y condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de la educación y ampliación del derecho a la educación, para vastos sectores sociales, hasta ahora excluidos”, versa el documento.

Además, se reconoce que quedan aún fuertes enclaves del modelo educativo impuesto por los organismos internacionales de crédito en América Latina y el Caribe, incluso en países con gobiernos populares y democráticos donde persisten lógicas y concepciones profundamente neoliberales. “Es por ello que desde el profundo conocimiento de los sistemas educativos, de la escuela y de los problemas que nos desafían en esta etapa, las organizaciones que representamos a las trabajadoras y trabajadores de la educación, asumimos el compromiso de poner en marcha un Movimiento Pedagógico Latinoamericano (MPL) que dé direccionalidad político-pedagógica a los cambios educativos que se están produciendo en la región de los cuales somos protagonistas, y potencie la construcción de una propuesta alternativa en aquellos países todavía anclados en la política educativa neoliberal”, concluye el documento.

Entre los compromisos asumidos, se propuso la organización de encuentros del MPL en cada uno de los países de la región para confluir, durante el segundo semestre del año 2013, en el Segundo Encuentro Regional: “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”.

El movimiento se demuestra andando

En Argentina, durante el presente año CTERA ha concretado varios encuentros a lo largo de todo el país. Así, los compañeros docentes de provincias como Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Mendoza, La Rioja y Misiones, entre otras, han comenzado a darle forma y color regional a este movimiento. Reflexionando en una doble clave que es la de pensar las realidades locales, cotidianas, concretas, pero superando la matriz particular, propia de cada territorio para inscribirse en el marco de un proyecto más amplio cuyo alcance y diversidad determinan su fuerza y posibilidad de concreción.

Para UEPC, el MPL representa un desafío a construir colectivamente con el conjunto de compañeros comprometidos con un proyecto de país, donde la educación sea considerada como un derecho de todos los niños y jóvenes y una responsabilidad estatal de primer orden. Donde exista una apuesta de profunda confianza en las capacidades de aprendizaje de los alumnos y una valoración del trabajo docente que tienda a reflejarse en mejores condiciones laborales y salariales. Donde la participación y la formación continua de sus docentes forme parte de una estrategia pedagógica de distribución de saberes.

Desde la Secretaría General, Juan Monserrat explica que el Movimiento Pedagógico Latinoamericano constituye un motor que le permite a UEPC articular los múltiples esfuerzos que el gremio viene llevando a cabo como parte de su trabajo cotidiano: “Que tienen que ver con la defensa laboral de los compañeros (el salario, el sistema previsional, las asesorías legales), pero sobre todo, con una apuesta más profunda que es la defensa de la educación pública como un modo de garantizar el derecho a una educación de calidad para todos y todas”. Allí se enmarcan la creación de un proyecto pedagógico inédito en el país como el Programa de las 108 y el trabajo pionero con escuelas rurales, desde hace más de 20 años. La creación de su Instituto de Investigación y Capacitación desde el que se ofrecen cursos gratuitos a todos sus afiliados, asesoramiento para la resolución de conflictos educativos desde el Programa Consulta Pedagógica, recursos para enriquecer la enseñanza a través del sitio Conectate a la pasión de educar y donde se desarrollan investigaciones sobre la organización del trabajo escolar, el financiamiento educativo, etc.

En el primer semestre de 2013, y en el marco de los festejos por sus 60 años, UEPC convoca a todos los compañeros docentes a participar del encuentro provincial “Hacia un Movimiento Pedagógico Latinoamericano”. En él se promoverá la discusión y el análisis sobre los problemas educativos más relevantes que en la actualidad se presentan en la escuela desde una perspectiva histórica y latinoamericanista, así como el intercambio y la socialización de experiencias educativas participativas e inclusivas.

“Estamos ante la oportunidad histórica y el desafío extraordinario de romper las trincheras de resistencia que con enorme convicción y dignidad construimos para enfrentar al neoliberalismo; y asumir un lugar protagónico en la definición de qué educación queremos, para qué ciudadanos y bajo qué modelo de país para toda nuestra Latinoamérica y el Caribe”, concluye Juan Monserrat.